09.07.2025.- Gerardo Santos escribe en elperiodico.com que el Pleno municipal ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Badalona fue de aquellos que traen consigo pocas aprobaciones de planes o medidas que afecten al día a día de la ciudad, pero sí mucha carga política en forma de propuestas de mociones. La aritmética del pleno es la de la abrumadora mayoría absoluta del PP del alcalde, Xavier Garcia Albiol, que dispone de 18 de los 27 concejales; lo que significa que ninguna moción tirará adelante si el gobierno municipal vota en contra de la misma. Así, de manera análoga a como en la sesión plenaria de este lunes no prosperó una iniciativa en contra de la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, tampoco lo hizo la moción de «equiparación salarial» de la plantilla de ‘Badalona Comunicació’, el ente formado por la televisión y la radio públicas de la ciudad, que exige desde hace seis años un aumento de sus retribuciones que equipare sus salarios a los de otros compañeros de medios de comunicación similares, y que en las últimas semanas han insuflado fuerza a sus reivindicaciones con varios actos de protesta. Aseguran que sus salarios están un 30% por debajo de lo que deberían.
Fue el trabajador Jordi Ribàs quien leyó el cuerpo de la moción, mientras sus compañeros protestaban a las puertas del Ayuntamiento. Recordó que en 2022 el Pleno aprobó por unanimidad otra moción que ya pedía la equiparación salarial, por lo que asumió que, en principio, todos los grupos políticos presentes este lunes seguían de acuerdo con el incremento de las retribuciones, que Ribàs describió como «justo y viable».
La moción de este lunes fue desestimada, pero no de una manera ortodoxa. El gobierno municipal explicó que había leído el dictamen de la propuesta y habían decidido votar en contra, ya que encontraban que el texto tenía «carencias legales», que pidieron, sin éxito, enmendar del escrito para poder darle apoyo. Precisamente ese, el de la «inviabilidad jurídica», ha sido el escollo que el Ayuntamiento ha señalado como mayor obstáculo para responder a las reivindicaciones de los trabajadores, que el gobierno local coincide en señalar como «justas».
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