31.05.2025.- Pilar R. Aleaza informa desde eldebate.com que el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha abierto una investigación penal contra altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales –oficialmente conocida como Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)–, tras considerar que existen indicios razonables de delitos vinculados a la gestión de los medios públicos catalanes. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de TV3, Catalunya Radio y la Fundació La Marató.
El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) el pasado 29 de abril, que se apoya en el contenido del Informe 2/2025 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Este informe recoge graves deficiencias en el uso de recursos públicos durante los ejercicios 2021 y 2022, incluyendo prácticas como pagos sin respaldo legal, contrataciones sin transparencia o sueldos por encima del límite permitido.
Un patrón sistemático y no casos aislados
En su auto, la jueza considera que los hechos denunciados podrían encajar en delitos recogidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además de prevaricación y malversación de fondos públicos, se investiga también la posible omisión del deber de perseguir delitos. La magistrada ha solicitado a la Sindicatura que remita el informe completo con todos sus anexos y documentación de trabajo, y ha reclamado a la CCMA y a sus entidades dependientes la entrega de documentación relativa a su estructura de contratación, retribuciones y procesos de selección.
Desde SCC se insiste en que lo detectado no son hechos puntuales ni errores administrativos, sino la manifestación de una forma de gestionar caracterizada por la opacidad, la desviación de fondos y la falta de controles internos. La organización cívica sostiene que este modelo podría haberse repetido en ejercicios anteriores o posteriores, por lo que ha pedido a la jueza que amplíe el foco temporal de la investigación.
Un nuevo frente judicial para los medios públicos catalanes
La CCMA administra cada año más de 330 millones de euros, en su mayoría procedentes del presupuesto de la Generalitat. El ente se encuentra además en proceso de renovación de su dirección, tras el vencimiento del actual mandato a finales de 2024. Esta causa judicial podría condicionar no solo su estructura futura, sino también la percepción pública sobre la transparencia de los medios públicos catalanes.
Aunque por el momento no se han producido imputaciones formales, la jueza ha abierto diligencias preliminares para esclarecer si existió responsabilidad penal por parte de miembros del Consejo de Gobierno, directivos o técnicos de la corporación. Las medidas adoptadas podrían incluir citaciones judiciales, solicitudes de fianza o, en su caso, medidas cautelares.
«Que se devuelvan los fondos públicos desviados»
El presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha valorado positivamente la decisión judicial y ha subrayado que «la apertura de diligencias confirma la gravedad de los hechos. Confiamos en que se depuren todas las responsabilidades y se devuelvan los fondos públicos desviados». La entidad cívica, que ha sido especialmente crítica con el funcionamiento de los medios públicos catalanes, considera que esta investigación marca un punto de inflexión en la exigencia de responsabilidades.
Desde la CCMA, en cambio, se ha optado por la prudencia. Fuentes del ente han evitado hacer valoraciones, aunque aseguran que colaborarán plenamente con la justicia y que están a la espera de conocer el contenido detallado del auto.
El procedimiento judicial se abre en un contexto político sensible, en plena discusión sobre la reforma de la gobernanza de la CCMA y con críticas recurrentes al sesgo informativo de sus medios. La investigación, si avanza hacia imputaciones formales, podría tener repercusiones institucionales y reavivar el debate sobre la independencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas en los medios públicos catalanes.
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