La Audiencia Nacional avala el cierre de RTVV

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La Audiencia Nacional ha declarado justificado el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y descarta la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013 que suprimió el servicio público de televisión, provocó la liquidación de la empresa y la despedida col Colectivo. Según ha informado la Audiencia Nacional, la Sala Social ha desestimado la demanda interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) a la que se adhirieron posteriormente 5 sindicatos más.

El Tribunal, en una sentencia de 90 hojas de la que ha sido ponente el presidente de la sala, Ricardo Bodas, explica las razones por las que se han de rechazar todas las cuestiones de nulidad planteadas por los demandantes y argumenta que según el su criterio la ley que suprimió el servicio público de televisión fue la única salida “a un proyecto agotado, con un grupo que atravesaba una situación económica calamitosa, una plantilla sobredimensionada». La sentencia señala que ante este situación se optó por una vía, la supresión del servicio, «que supuso una enmienda a la totalidad a la gestión privada de sus responsables y reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por parte de los sus responsables».

La demanda se presentó en abril de 2014 y quedó en suspenso, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE había presentado contra la ley aprobada por las Cortes Valencianas. Esta ley se aprobó inmediatamente después de que el TSJ valenciano declarara nulos los despidos de la televisión y suprimió el servicio público RTVV. Una vez que el Constitucional se pronunció, desestimando el recurso por pérdida de objeto, se celebró el juicio el pasado 11 de enero.

En la vista, la CGT solicitó de nuevo la nulidad de los despidos y cuestionó la constitucionalidad de la ley 4/2013, se trata de una norma, según los demandantes, que reactivaba a la sentencia del TSJ valenciano y que lesionaba los derechos de los trabajadores. El sindicato planteó en la sala la opción de promover una cuestión de inconstitucionalidad de la ley en el caso de que no prosperaran las causas de nulidad alegadas.

Los litigantes planteaban en primer lugar la nulidad para que el despido colectivo se había basado únicamente en dos causas: la empresa había extinguido su personalidad jurídica y los despidos se habían motivado por fuerza mayor.
Según ha informado la Audiencia, la sala no comparte este criterio al considerar «palmario» que el despido se fundamentó en la extinción de la personalidad jurídica de RTVV, así como en causas económicas, «que no tienen nada que ver con la fuerza mayor». La sala considera probado que la empresa aportó toda la documentación
económica, desde el 2009 al 2014, que advertía de una «sistemática y continuada situación de insuficiencia presupuestaria que vino arrastrando el Grupo RTVV, toda vez que las aportaciones presupuestarias de la Generalitat no llegaban a sufragar el coste que representaba», con una constatada «alarmante y abismal disminución de estos ingresos» pasando de los 28,4 en 2008 a los 5,6 millones de euros en 2013, lo que representa una caída de un 80%.

CGT solicitaba también la nulidad de los despidos al entender que la extinción de la personalidad jurídica del empresario no constituye por sí misma una causa suficiente para extinguir los contratos de trabajo pero la sal entiende que sí se pueden extinguir los contratos de trabajo después de la extinción de la personalidad jurídica de la empresa, siempre cuando no haya fraude de ley o abuso de derecho, en este caso habría que declarar la nulidad de la medida o no ajustadaa derecho. a Sentencia concluye que la evolución económica de RTVV hasta 2012 fue absolutamente negativa, «por no decir calamitosa» y considera probado que la cifra de pérdidas entre 2009 y 2012 ascendió a 1.014 millones de euros.
Ante este contexto, los jueces consideran que la Ley 4/2013 pretendió reforzar la tarea de RTVV como un vehículo de vertebración de la realidad social y cultural «pero no podía obviar la grave situación económica que atravesaba el grupo».

Además, la sala concluye que no era viable alternativa como promover un nuevo despido colectivo, como plantearon los demandantes, cuando ya tuvieron esta oportunidad en el despido precedente, en el que se constató la situación negativa del grupo que acreditaba por él mismo el sobredimensionamiento de la plantilla y decidieron cerrar sin acuerdo el periodo de consultas.

El tribunal considera razonable que el legislador concluyera que esta alternativa multiplicaría los costos y no concluiría necesariamente con acuerdo, «concurriendo necesariamente con nuevas pérdidas que tendrían que soportar necesariamente por la propia Generalitat, en detrimento de otros servicios públicos necesidades también
de financiación público «. La Audiencia consideró probado que el gobierno valenciano asumió una deuda financiera de 1.059 millones de euros y que la Generalitat ha venido atendiendo vencimientos de préstamos.

Por todos estos motivos la Sala descarta que la Ley 4/2013 sea una Ley reactiva contra la nulidad del despido, sino una opción legítima del legislador, tras fracasar en sus intentos de mantener el servicio «ya que ha supuesto pérdidas milmillonarias para el erario público y unos costes sociales, políticos, culturales e identitarios extremadamente graves, que asumió con todas las consecuencias, ya que la supresión del servicio público supone reconocer objetivamente que no supo gestionar debidamente por sus responsables». En línea con el fiscal, el tribunal entiende que un servicio público que se crea por ley, debe suprimirse también por ley.

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